Ante la visita del relator de la ONU, Mutuma Ruteere, que durante esta semana estará en Ceuta y Melilla para recabar información sobre la situación de racismo, dicriminación racial y xenofobia en nuestro país, EQUO ha alertado de la situación que se vive en esta zona y ha reclamado soluciones humanitarias urgentes.

De hecho, hace unos meses, personas de EQUO realizaron una visita en la zona del Gurugú, donde se encuentran los inmigrantes que están a la espera de entrar en Melilla. Durante la misma constataron la presencia de una cantidad indeterminada de campamentos de subsaharianos, en los que se vive en unas condiciones extremas. En concreto se visitó uno de ellos en los que había un grupo de más de 50 inmigrantes (solo una mujer). Las condiciones en este lugar eran extremas ya que no tenían cobijo por lo que dormían en el suelo, cocinaban de manera precaria y no había ninguna instalación higiénica ni punto de agua. Según el relato de los propios subsaharianos, estas condiciones tan precarias se debían a la presión constante de las fuerzas policiales y militares marroquíes destacadas en la zona, que periódicamente destruyen las escasas infraestructuras con las que cuentan para cobijarse o cocinar.

Además, los subsaharianos aseguraron que son expulsados sin trámites de Melilla, y que es habitual la expulsión inmediata por las puertas de servicio de la frontera una vez atravesada la línea internacional. Denunciaron además que algunos compañeros habían muerto al intentar alcanzar Melilla y que algunos han sido maltratados por las fuerzas de seguridad marroquíes.

También explicaron que cuando son capturados son llevados a la frontera internacional con Argelia, en la provincia de Oujda, donde los abandonan en una zona desértica. Allí, los militares argelinos les obligan a volver, y tras una breve estancia en la ciudad de Oujda, vuelven a las estribaciones del Gurugú donde intentan de nuevo el salto a la valla de Melilla.

Para EQUO, la situación que se vive sobre la valla de Melilla depende en buena medida de la presión que ejercen las fuerzas de seguridad del país vecino, sin que quede claro si detrás de estas fluctuaciones de la presión migratoria, sobrevuelan otros asuntos políticos como la situación en el Sáhara Occidental o las negociaciones comerciales.

Ante esta situación, EQUO ha reclamado una solución humanitaria urgente y una investigación sobre las condiciones de vida de los inmigrantes y actuación de las fuerzas de seguridad de ambos países. Por ello, además, las personas de EQUO que visitaron la zona han realizado un vídeo que será enviado al Partido Verde Europeo para que realice las preguntas pertinentes dentro de las instituciones Europeas.

Es moral y éticamente repobable impedir que las personas menos favorecidas puedan ganarse la vida con algo que precisamente nos sobra.

Equo Melilla no da crédito a la orden de la Consejería de Medio Ambiente que intenta criminalizar a los recicladores ocasionales que se ganan la vida aprovechando lo que los melillenses les entregamos o que tiramos a los contenedores.

Desde hace muchísimo tiempo los melillenses estamos acostumbrados a separar de la basura aquellas cosas que pueden aprovechar otras personas que por su situación de pobreza no tienen otras oportunidades, juguetes, ropa o envases de agua les sirven para sacar unos euros al día para poder sobrevivir. Mientras que en el resto de Europa se dan iniciativas para recuperar los enseres, prendas y materiales de segunda mano, en Melilla se fomenta quemar en la incineradora.

La redacción de la propia orden es fuera de lo común. Llama indocumentados a unas personas que han atravesado la frontera con sus documentos marroquíes dentro de los convenios de buena vecindad de España-Marruecos. Prohíbe a particulares entregar desde su domicilio o comercio a otras personas “residuos”, algo totalmente absurdo, puesto que la condición de residuo se adquiere cuando un ciudadano arroja algo dentro de un contenedor, y no puede ninguna administración poner trabas a esa entrega. Es más, la Ciudad Autónoma solo es dueña del residuo que está dentro de un contenedor o el que recogen los operarios de limpieza, y las normas con respecto a eso ya están publicadas. La ciudad no puede incautar ningún tipo de material a nadie, y menos sancionarlo.

Incluso, y según el texto de la orden, puede interpretarse ilegal realizar una limpieza simbólica por parte de los ciudadanos.

Con la tremenda crisis actual en muchas ciudades han aumentado las personas que se dirigen a contenedores a aprovechar muebles, enseres y hasta comida eliminada por las grandes superficies, sin que a ningún alcalde se le haya ocurrido sancionar esa práctica, realizada por gente muy necesitada.

Esta maniobra trata de hacer recaer en el eslabón más débil de la cadena la nefasta gestión y tratamiento de residuos de la Ciudad Autónoma y desviar la atención de una ciudad con los ríos llenos de basuras y la superficie no urbanizada llena de escombros. Hasta camiones con el distintivo de la Consejería de Medio Ambiente se han visto realizar vertidos que han sido denunciado públicamente por nuestro partido y no se han tomado medidas.

La Ciudad Autónoma es la culpable de la suciedad y no los rebuscadores que se llevan un porcentaje del residuo a coste cero.

Ante la convocatoria de huelga general el día 14 de noviembre, EQUO ha expresado su apoyo y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ese día mande un mensaje claro al gobierno de que las cosas tienen que cambiar.

Para EQUO es evidente que la política económica actual marcada por la Troika europea, están conduciendo a nuestro país a un callejón sin salida donde nos espera más paro, precariedad y recortes sociales y democráticos. Nuestro país se acerca a los seis millones de parados ante la pasividad de un gobierno obsesionado por el pago de una deuda que no ha generado la ciudadanía. Un gobierno que no ha tomado ni una sola medida para la generación de empleo y que está claro que no tiene un modelo de país; simplemente una obsesión: recortar el déficit.

En el resto de Europa, la llamada política de austeridad o “austericidio” también está poniendo en peligro el Estado de Bienestar y democrático. Además de España, países como Portugal e Italia y especialmente Grecia viven momentos muy difíciles que requieren una respuesta ciudadana contundente y de forma global.

En este sentido, para EQUO es especialmente importante que estemos ante una convocatoria de huelga europea que debe ser un aviso no solo para nuestros gobiernos, sino también para las Instituciones de la UE.

Para EQUO esta crisis debería ser el momento para apostar de forma clara por un nuevo modelo económico y productivo, que deje atrás definitivamente el ladrillismo y la especulación. No es posible salir de esta crisis con el mismo modelo insostenible e injusto que nos ha llevado a ella, por lo que es urgente comenzar a poner las bases de otro sistema y para ello, frente a los recortes sin opción de futuro, EQUO ha expresado su apuesta por la inversión para crear empleo en nuevos sectores.

EQUO ha recordado que pese a que se nos presentan la situación actual como “inevitable” es posible hacer las cosas de otra forma. En este sentido EQUO reclama: desarrollo e inversión en sectores sostenibles (energías renovables, rehabilitación de viviendas, movilidad, agricultura ecológica), apoyo a la Investigación, el desarrollo y la Innovación, apuesta por el comercio de proximidad, reparto del empleo y profunda reforma fiscal, entre otras medidas.

A nivel europeo también son importantes cambios como la instauración de una tasa en las transacciones comerciales, reforma del Banco Central europeo, y apoyo para la transición hacia nuevo modelo económico.

EQUO ha afirmado que es consciente de las dificultades que a la ciudadanía le plantea, en la situación actual, la convocatoria de una huelga. El miedo a perder el empleo es actualmente mayor que nunca y paraliza la acción ciudadanía. Sin embargo, EQUO espera que esta convocatoria sea masiva y que además se convierta en una auténtica huelga ciudadana. Una movilización total que implique a todos los sectores sociales aquí y en el resto de Europa y que suponga también una huelga de consumo.

EQUO, que forma parte de la Cumbre Social, que agrupa a más de 150 organizaciones sociales y políticas también ha animado a la ciudadanía a participar activamente en las manifestaciones convocadas ese día.

Desde nuestro partido nos preguntamos cuáles serán las contraprestaciones que el Ministro García Margallo negociará a cambio de los favores realizados por Marruecos estos últimos meses en el tema de inmigración.

Las expulsiones sin trámites realizados desde los peñones o desde las vallas fronterizas, el despliegue del ejército marroquí, las batidas del Gurugú o las deportaciones de los subsaharianos hacia Argelia, son moneda de cambio para Marruecos y, sin lugar a dudas, Marruecos cobrará esos favores al gobierno de España.

Las presiones ejercidas por la UE y España  a través de los acuerdos firmados en el  Plan África de control de flujos migratorios están teniendo costes humanos muy altos.

La brutalidad con la que Marruecos trata a esos inmigrantes es a consecuencia de esa presión, que se ejerce hacia una inmigración que en realidad es transeúnte en ese país, y que tiene las miras puestas en Europa.

La Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos para octubre, creemos que será el marco donde se negociarán inmigrantes por favores, y se  renovarán  los acuerdos migratorios denominados de ‘segunda generación’, recogidos en España en el Plan África.

Estamos expectantes en saber cuáles son esas contraprestaciones que España va a conceder y, aunque el sr. Ministro de Asuntos Exteriores nos visite hoy sin carácter oficial, nos puede dar pistas por donde van a ir los tiros, y nunca mejor dicho.

Puede ser que entre las primeras concesiones esté lo de las visitas de ministros y presidentes de Gobierno a la ciudad, que se limiten a hacerse de forma no oficial como la actual del Mº de Asuntos Exteriores. Tal vez, y dado el tamaño del favor hecho desde Marruecos, puedan hablar del Sáhara y que España sea más benevolente con las reivindicaciones territoriales de Marruecos, apagando la ayuda que prestan las ONG.s españolas a los saharauis.

Desde Equo pensamos que no se puede negociar con el sufrimiento humano, con los flujos migratorios y solicitamos sinceramente que se trate el tema de la inmigración fuera de cualquier negociación comercial o territorial y les recordamos que los Derechos Humanos no están al servicio de intereses políticos ni económicos.

Mientras que en el resto del España, y según los datos del Ministerio del Interior, las corridas de toros están reduciéndose en los últimos años, existiendo incluso comunidades autónomas donde no existen como Cataluña, Ceuta y Canarias, en Melilla están aumentando porque las subvenciona la Ciudad para una pequeña porción de ciudadanos en su mayoría fieles votantes al Partido Popular.

Los festejos taurinos que se celebran en Melilla no son actividades realizadas por una empresa ni costeadas por sus aficionados. En Melilla los costes de esta actividad sangrienta y rechazada por la mayoría de los españoles corren a cargo de los contribuyentes melillenses, tanto los que están a favor como los que están en contra de este tipo de espectáculos.

Según las últimas encuestas al 70 % de los españoles no están interesados por los festejos taurinos, en Melilla es especialmente mayor ese porcentaje, porque comunidades enteras no han tenido jamás afición en este sentido, por tanto la afición en la ciudad es mínima y es soportada por la Ciudad Autónoma, que es además la empresaria de la plaza.

La única corrida de toros que se celebra en todo el año no llega ni a ocupar la plaza, mientras que los otros dos espectáculos la asistencia es mínima, y además sin dar la oportunidad de asistir a otros espectáculos musicales o culturales en la semana de fiestas patronales.

Es lamentable que un año más se siga financiando esta actividad impropia de una sociedad moderna y civilizada. Los espectáculos de sangre y muerte deber quedar en el recuerdo del pasado y no forzar la supervivencia de estos espectáculos de manera artificial por parte de unos pocos con el dinero de todos.

Desde Equo proponemos que en las fiestas patronales el presupuesto gastado en las actividades taurinas que interesan a muy pocos, se utilice para traer conciertos para la juventud y actividades culturales y musicales donde puedan participar más personas y que abarquen las preferencias de toda la población.

También proponemos la adecuación de la plaza de toros para espectáculos musicales, culturales y deportivos y  que pueda ser utilizada todo el año de forma que sea aprovechada de una manera más eficiente y útil para la sociedad melillense.

EQUO ha denunciado que la expulsión de 73 inmigrantes que se encontraban en el islote, de soberanía española, Isla de Tierra, no ha cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Extranjería, ya que no se ha comprobado la identidad individual ni el lugar de origen de estas personas, lo que ha imposibilitado que alguna de esas personas pudieran solicitar asilo. Además, estas personas han sido entregadas sin ninguna garantía a un país que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los migrantes.

Para EQUO el hecho de que se hay resuelto este asunto de forma colectiva, sin estudiar individualmente si alguna de estas perso nas sí reunía los requisitos para entrar en territorio español y sin ofrecer las garantías que contempla la Ley, como son la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete o a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de refugiados o víctimas de trata, se está atentando contra la Ley de Extranjería de forma clara y manifiesta y contra el Derecho Humanitario Internacional.

 EQUO ha advertido también que, los inmigrantes son víctimas de situaciones dramáticas y que ningún inmigrante puede ser expulsado de forma sumaria del territorio español por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se deben cumplir los procedimientos judiciales para su expulsión. Por ello el Gobierno deberá también explicar si a los peñones del Norte de África se les ha rebajado el nivel de soberanía, al no aplicarse en ellos las normas habituales del resto del Estado.

Esta organización política muestra su apoyo a los profesionales que están objetando contra una norma injusta e inmoral.

 Para Equo la entrada en vigor el próximo día 1 de septiembre del decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Salud, por la cual se deja fuera del sistema sanitario a los inmigrantes en situación irregular administrativa, supone un grave atentado ya que se priva de un derecho básico a unas 150.000 personas.

 Es absolutamente perverso que con la excusa de la crisis se pongan fin de un plumazo a la Sanidad gratuita y universal en nuestro país. Supone un grave atentado contra los Derechos de las personas, y es una medida inhumana, que además implica muchos riesgos para la Salud pública que no han sido explicados ni debatidos.

 Desde Equo, queremos mostrar nuestro más firme apoyo a los y las profesionales que están objetando contra esta norma y han mostrado su disposición a seguir atendiendo a todo el mundo, independientemente de su situación administrativa.

 Para Equo, estamos ante una medida de tintes claramente xenófobos, que expresa una concepción de la sociedad muy determinada y excluyente, según la cual los Derechos no son universales y son objeto de compra-venta, lo que supone un claro retroceso en valores ya afianzados en la sociedad.

 Asimismo, para Equo mención aparte merece la falta de coordinación, transparencia e información demostrada nuevamente por el actual gobierno, lo que se está convirtiendo ya en una seña de identidad del Ejecutivo de Rajoy. Así, a la entrada en vigor del decreto ley, seguimos sin saber el alcance total de la misma, si afectará a enfermos crónicos o cuáles serán los precios finales que habrá que pagar por este derecho.

 Equo hace un llama miento a toda la ciudadanía para que tome conciencia de la gravedad de la medida y se movilice contra ella y apoye a las personas que han decidido no llevarla a la práctica.

Para EQUO el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que cambiará la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva por una normativa de supuestos más restrictiva que la de 1985, supone “un grave retroceso en el derecho a la mujer a decidir y un peligro para la salud de las mujeres, además de un sinsentido que solo responde a una demanda de los sectores más ultra conservadores de la sociedad, no a la mayoría de ésta”.

La actual normativa permite el aborto libre las primeras 14 semanas y hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o graves anomalías fetales, y pasada la semana 22 cuando el embarazo presenta anomalías fetales incompatibles con la vida (diagnosticadas por un médico) o cuando se detecte en el feto “una enfermedad extremadamente grave e incurable”.

El ministro Ruiz Gallardón ya anunció hace unos meses su intención de reformar la actual normativa de interrupción del embarazo. Ahora ha dado un paso más y ha declarado a un medio de comunicación que la reforma irá hacia una ley de supuestos que no incluirá, además, la posibilidad de abortar en caso de malformaciones en el feto.

Nos parece que la situación esta llegando demasiado lejos. Esto es una agresión muy seria hacia las mujeres y su derecho a decidir; además, es un asunto grave porque puede suponer un peligro para la salud. Es una vuelta a la España de los años 70 en la que miles de mujeres morían cada año por practicar abortos en sitios que no cumplían los requisitos mínimos.  En EQUO nos preguntamos para quién está gobernando el actual ministro y a qué demanda social responde esta contrarreforma. Estamos hablando de un derecho ampliamente aceptado por la sociedad y reconocido en los países de nuestro entorno.

EQUO ha reclamado al Ministro que reconsidere esta reforma legislativa y que no cree conflictos donde no los hay.

EQUO defiende la libre decisión de las mujeres a practicar la sexualidad sin estereotipos sexistas y sin coerción social que determine forzosamente la maternidad. Por todo ello, considera fundamental garantizar la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de la Seguridad Social.

El Ministerio del Interior trabaja en una reforma del Reglamento General de Circulación para “limitar” la circulación de las bicicletas en las aceras y obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas.

El Ministerio del Interior pretende prohibir la circulación de bicis por las aceras. Es decir la bici es hostigada en la calzada donde estorba a los motorizados y expulsada de las aceras.

En aquellas ciudades donde los ciclistas más vulnerables no pueden circular por la calzada por el peligro que entraña, porque no existen vías ciclistas adecuadas y el tráfico motorizado no respeta los límites de velocidad, es muy injusto perseguir a los ciclistas que circulan por la acera porque no pueden hacerlo por otro sitio.

Desde EQUO proponemos reducir la velocidad del tráfico a 30Km/h en las zonas residenciales (coexistiendo la circulación por calzada de coches y bicicletas) y hacer cumplir a los conductores el límite máximo de 50Km/h en las vías preferentes (disponiendo además de carriles segregados de circulación ciclista) , límite que no es respetado en la actualidad. El coche no es un vehículo adecuado para la ciudad por el espacio que ocupa, la contaminación que causa (incluida la acústica) y las inversiones en infraestructuras que exige continuamente.

El ciclista debe respetar al peatón que siempre debe tener prioridad en las zonas peatonales, pero no es admisible que se hostigue a los usuarios de la bici mientras el tráfico motorizado coloniza las ciudades causando miles de muertes prematuras al año por los altos índices de contaminación. 

Cuando los ciclistas, incluidos los más vulnerables,  puedan circular por la calzada sin arriesgar la vida, entenderemos que se prohíba que lo hagan por la acera. Mientras tanto no deja de ser un parche de muy difícil cumplimiento.

El Ministerio del Interior también prevee hacer obligatorio el uso del casco también en vías urbanas. Compartimos la posición de ConBici y las 25 asociaciones ciclistas que la integran. ” la mejor garantía para la seguridad, no sólo de los ciclistas sino del tráfico en general, es aumentar el número de ciclistas en la vía pública, mediante políticas adecuadas de fomento, como las que se llevan a cabo en los países líderes de Europa (Holanda, Dinamarca, Alemania…), donde el uso del casco no es obligatorio, ni siquiera en vías interurbanas. Por contra, la obligatoriedad del uso del casco produce como consecuencia una drástica disminución del número de ciclistas en las ciudades y el colapso de los sistemas de bicicletas públicas (Bicing, Sevici…) que se están implantando con tanto éxito en muchas ciudades españolas”

Para EQUO la anunciada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que incluye una reducción del 30% de los cargos electos en los Ayuntamientos, supone frente a su fachada de “racionalización”, un importante recorte democrático y un afianzamiento del bipartidismo.

EQUO sostiene que el objetivo de esta reforma no es el ahorro económico, sino el poner más trabas para que los pequeños partidos puedan tener representación en los Ayuntamientos. En este sentido, EQUO ha recordado que el 84,12% del total de concejales lo son de municipios menores de 5.000 habitantes y éstos no perciben salario o cobran cantidades muy reducidas. Mientras que el 11,17% de cargos electos pertenecen a municipios de entre 5.000 y 20.000 en los que solo cobra uno o dos concejales. Por tanto, el supuesto “ahorro” no es significativo y sí lo es la penalización a los partidos más minoritarios, que lo tendrán mucho más difícil para obtener representación.

Asimismo, EQUO ha criticado que con esta reforma se potencie el papel de las Diputaciones provinciales, una institución decimonónica que no sale de las urnas.

Por todo ello, EQUO rechaza la argumentación populista de esta medida que en el fondo significa un recorte fraudulento a la representatividad y la pluralidad social y política.